domingo, 22 de abril de 2012

La política andaluza cae en manos del hampa: IU cobraba 300 euros mensuales a los que ‘enchufaba’ en el Ayuntamiento de Sevilla


Uno de los trabajadores despedidos por «motivación ideológica» de la empresa municipal Sevilla Global denunció ayer durante su declaración ante la juez que instruye el caso abierto por la Fiscalía Superior contra Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez la existencia de un «impuesto revolucionario» de obligado pago a IU.

Según informa ABC, el declarante afirmó que se sintió presionado por este asunto: «Yo tenía que pagar el impuesto revolucionario, unos 300 euros al mes, haciendo una transferencia, y si el día 5 de cada mes no la había hecho, me llamaban a capítulo. En algunas ocasiones, el que me llamaba era Carlos Vázquez».
Además, el afectado matizó que no podía declarar este pago a Hacienda: «Cuando le pregunté a Vázquez que si eso se podía desgravar me dijo que yo no me había enterado de nada, que esto era un impuesto revolucionario y que no se podía decir en ningún sitio».
Por su parte, el que fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento en el anterior mandato, Antonio Rodrigo Torrijos, se defendió ayer ante la juez de instrucción número 13 de la imputación que se le hace por un presunto delito contra la integridad moral de las personas alegando que pretendía aplicar en Sevilla Global «disciplina de partido». Según señala ABC citando fuentes judiciales, Torrijos negó a la magistrada, Ana Rosa Curra Rojo, cualquier tipo de amenaza o coacción a trabajadores de esta empresa municipal gestionada por IU tras la conversación mantenida con el gerente en septiembre de 2009 en la que se le comunicó que los empleados que le obedecieran desde ese momento hasta el día de su cese en el consejo de administración tendrían que atenerse a las consecuencias. Aquella conversación fue grabada con el consentimiento de los ahora imputados, algo que Torrijos explicó ante el juzgado afirmando que «no tenía nada que ocultar».
En cambio, el exdelegado de Economía, Carlos Vázquez, que según las mismas fuentes reconoció que el gerente había puesto una grabadora en la mesa y la había encendido, negó haber oído esa grabación y explicó que conocía los delitos que se le imputaban por la prensa, pese a que fue informado de los mismos por el secretario judicial el pasado 11 de abril, según consta en las diligencias. Además, Vázquez, que en el momento de los hechos era coordinador del grupo municipal de IU, aseguró ante la juez que el cese de José Ramírez como gerente era algo que se decidía en el partido a raíz del pacto de gobierno con el PSOE, aunque formalmente lo hiciera el consejo de administración, y que él no amenazó a ningún trabajador.
En la grabación de la famosa conversación, Vázquez afirmó con rotundidad ante la negativa de Ramírez a hacer dejación de funciones hasta su cese en el consejo, que tendría que «advertir entonces al personal de esta empresa que, o consulta con nosotros, o como tomen decisiones o ejecuten decisiones aunque las des tú sin consultar con nosotros, en el momento en que se produzca eso se van a encontrar con un problema». Además, Vázquez aseguró en dicha grabación que «tendremos que ir hablando con los distintos responsables de departamento para explicarles cuál es la situación y que entiendan que a partir de ahora, efectivamente, políticamente, no tienes competencias. Estatutarias sí, pero políticas no. Entonces, como aquí todo el mundo es mayorcito, sabrán a lo que se tienen que atener».
En efecto, tanto él como Torrijos, que como ha recogido la jurisdicción social en sus sentencias no tenían ninguna representación en la empresa, se detuvieron después de la conversación con Ramírez a hablar con el responsable de Recursos Humanos, que ayer declaró también como perjudicado para narrar que no conocía de nada a Vázquez, pese a lo cual le pidió que liderara la empresa siguiendo sus órdenes durante el tiempo en que el gerente tenía que permanecer allí hasta su cese oficial. En su declaración judicial, el afectado explicó que ante su negativa a hacer esto, aduciendo que él era un profesional que no tenía que obedecer consignas políticas, tuvo conciencia «desde el minuto uno» de que iba a ser despedido. Así fue exactamente. Pero su despido ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo por responder a «motivación ideológica». Y ha provocado la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía contra Torrijos y Vázquez por un presunto delito contra la integridad moral, penado con hasta cuatro años de cárcel.
El exgerente de Sevilla Global, José Ramírez, y un trabajador que renunció a su contrato por orden de IU declararán hoy como testigos, ya que los testimonios de ayer se alargaron ayer dada la enjundia del asunto. Entretanto, el abogado de dos de los afectados, el exdelegado de IU Jon Ander Sánchez, que no quiso desvelar el contenido de las declaraciones, sí emitió una opinión contundente: «Me parece lamentable que dos dirigentes comunistas hayan tenido que venir a declarar en sede penal por despedir a trabajadores».
«Esto es la vida misma, ¿eh, Pepe?»
La grabación que dio origen a este caso recoge frases tan ilustrativas como la que emite Torrijos a José Ramírez —«nosotros somos perras viejas», le dice— tras explicarle que los trabajadores «tendrán que optar». «Pero, vamos, esto es la vida misma, ¿eh, Pepe?», remató. Carlos Vázquez se había encargado de dejar claro a quién había que obedecer en Sevilla Global a partir de ese día, que era a Torrijos, por lo que instaba a los trabajadores a no seguir las consignas del gerente: «Como aquí todo el mundo es mayorcito, sabrán a lo que se tienen que atener». Esa es la opción que les daba el líder de IU, recalcada por su gregario en aquella reunión: «Tendrán que optar, efectivamente, a que de aquí a que se tome la decisión el que decida aceptar la situación se tomará nota y el que no decida aceptar la situación, pues también se tomará nota».

La izquierda andaluza, foco de corrupción: El TSJA dice que Sevilla Global era una oficina de colocación para afines a IU


Dos que viven en la misma coalición, acaban teniendo la misma opinión. Es el caso de IU en el Ayuntamiento de Sevilla. Durante el tiempo que duró la coalición, hasta mayo de 2011, IU Sevilla, regida por el todopoderoso Antonio Rodrigo Torrijos, que se hizo célebre por su famoso foto de la mariscada de Mercasevilla, fundó una agencia de “desarrollo económico”. Precisamente de la gestión de Torrijos nació el conflicto que ha dado lugar al auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que certifica que la agencia era un chiringuito ideológico al servicio del sector más comunista de IU. Ya el Supremo en 2011 confirmó que Torrijos echó a empleados públicos porque no eran de IU y ratificaba la condena a Sevilla Global por «despidos ideológicos» calificando su comportamiento y el de Carlos Vázquez como «ilegítimo» e «ilícito».
Ahora, el TSJA ha desestimado el recurso impulsado por Sevilla Global, ahora regida por el equipo popular que encabeza Juan Ignacio Zoido, precisamente contra la sentencia que anuló los despidos consumados por detectar “una vulneración de derechos fundamentales por motivos ideológicos”.. El alto tribunal andaluz considera que los despidos se produjeron porque los trabajadores afectados se negaron a aceptar “consigna política laboralmente ilícita”, censurando que esta empresa municipal fuese entendida como una “oficina de colocación de los afines”.
Recordemos, con ABC, que estos empleados fueron despedidos en el anterior mandato por supuestas razones “económicas y presupuestarias”. El gerente de Sevilla Globall entonces, Jon Ander, políticamente enfrentado a Torrijos, subió de nivel a 18 empleados de la empresa y convirtió sus contratos eventuales en indefinidos a otros 35, poco antes de dejar el cargo. El nueco gerente, David Pineda, terminó despidiendo a siete de ellos.
El Juzgado de lo Social número tres de Sevilla declaró nulos tales despidos considerando que respondieron a “una discriminación por motivos políticos”. ‘Sevilla Global’ elevó al TSJA un recurso de súplica del que emana esta nueva resolución. El fallo del Alto tribunal andaluz, fechado el 1 de marzo y recogido por Europa Press, desestima a todos los efectos el recurso de súplica, confirma la sentencia que declaraba nulos estos despidos y condena en costas a la mencionada agencia municipal.
En su argumentación, el tribunal considera que los trabajadores “acreditaron la existencia de un panorama indiciario de vulneración de sus derechos fundamentales, ya que por negarse a cumplir un mandato laboralmente ilegítimo, pues suponía una renuncia de derechos sin que la empresa impugnase la declaración de indefinidos ilícita (desobedecer a su jefe) y dictada por exclusivo sentido político, se les viene a despedir días más tarde alegando razones objetivas no acreditadas”.
El TSJA abunda en esta idea esgrimiendo que estos empleados fueron “sustituidos por personal afín a aquel partido político, IU”. “Solo fueron cesados los actores al negarse a una renuncia de derechos y no tener esa afiliación política”, señala el fallo, que detecta en los despidos una “discriminación por razón de opinión y vulneración de la libertad ideológica”. Insiste la sentencia imponiendo la máxima de que “a los actores se les despide por no acatar una consigna política laboralmente ilegítima e ilícita” para, así, sustituirles por “personas políticamente afines”. El tribunal incluso censura que esta empresa municipal fuese comprendida como una “oficina de colocación de los afines”.
La sentencia, susceptible de recurso de casación, desestima los argumentos blandidos por la representación de ‘Sevilla Global’ porque “la mera crítica negativa de la ponderación de los hechos efectuada por la sentencia a nada conduce, pues es notorio que la valoración de la prueba es privativa de los tribunales, cuyas conclusiones en los hechos probados deben prevalecer siempre y cuando se ajusten a lo prevenido”.

Un empleado municipal dice a la juez que IU cobraba un «impuesto revolucionario»


Uno de los trabajadores despedidos por «motivación ideológica» de la empresa municipal Sevilla Global denunció ayer durante su declaración ante la juez que instruye el caso abierto por la Fiscalía Superior contra Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez la existencia de un «impuesto revolucionario» de obligado pago a IU. El declarante afirmó que se sintió presionado por este asunto: «Yo tenía que pagar el impuesto revolucionario, unos 300 euros al mes, haciendo una transferencia, y si el día 5 de cada mes no la había hecho, me llamaban a capítulo. En algunas ocasiones, el que me llamaba era Carlos Vázquez». Además, el afectado matizó que no podía declarar este pago a Hacienda: «Cuando le pregunté a Vázquez que si eso se podía desgravar me dijo que yo no me había enterado de nada, que esto era un impuesto revolucionario y que no se podía decir en ningún sitio».
Por su parte, el que fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento en el anterior mandato, Antonio Rodrigo Torrijos, se defendió ayer ante la juez de instrucción número 13 de la imputación que se le hace por un presunto delito contra la integridad moral de las personas alegando que pretendía aplicar en Sevilla Global «disciplina de partido». Según ha podido saber ABC de fuentes judiciales, Torrijos negó a la magistrada, Ana Rosa Curra Rojo, cualquier tipo de amenaza o coacción a trabajadores de esta empresa municipal gestionada por IU tras la conversación mantenida con el gerente en septiembre de 2009 en la que se le comunicó que los empleados que le obedecieran desde ese momento hasta el día de su cese en el consejo de administración tendrían que atenerse a las consecuencias. Aquella conversación fue grabada con el consentimiento de los ahora imputados, algo que Torrijos explicó ante el juzgado afirmando que «no tenía nada que ocultar». En cambio, el exdelegado de Economía, Carlos Vázquez, que según las mismas fuentes reconoció que el gerente había puesto una grabadora en la mesa y la había encendido, negó haber oído esa grabación y explicó que conocía los delitos que se le imputaban por la prensa, pese a que fue informado de los mismos por el secretario judicial el pasado 11 de abril, según consta en las diligencias. Además, Vázquez, que en el momento de los hechos era coordinador del grupo municipal de IU, aseguró ante la juez que el cese de José Ramírez como gerente era algo que se decidía en el partido a raíz del pacto de gobierno con el PSOE, aunque formalmente lo hiciera el consejo de administración, y que él no amenazó a ningún trabajador.
En la grabación de la famosa conversación, Vázquez afirmó con rotundidad ante la negativa de Ramírez a hacer dejación de funciones hasta su cese en el consejo, que tendría que «advertir entonces al personal de esta empresa que, o consulta con nosotros, o como tomen decisiones o ejecuten decisiones aunque las des tú sin consultar con nosotros, en el momento en que se produzca eso se van a encontrar con un problema». Además, Vázquez aseguró en dicha grabación que «tendremos que ir hablando con los distintos responsables de departamento para explicarles cuál es la situación y que entiendan que a partir de ahora, efectivamente, políticamente, no tienes competencias. Estatutarias sí, pero políticas no. Entonces, como aquí todo el mundo es mayorcito, sabrán a lo que se tienen que atener».
En efecto, tanto él como Torrijos, que como ha recogido la jurisdicción social en sus sentencias no tenían ninguna representación en la empresa, se detuvieron después de la conversación con Ramírez a hablar con el responsable de Recursos Humanos, que ayer declaró también como perjudicado para narrar que no conocía de nada a Vázquez, pese a lo cual le pidió que liderara la empresa siguiendo sus órdenes durante el tiempo en que el gerente tenía que permanecer allí hasta su cese oficial. En su declaración judicial, el afectado explicó que ante su negativa a hacer esto, aduciendo que él era un profesional que no tenía que obedecer consignas políticas, tuvo conciencia «desde el minuto uno» de que iba a ser despedido. Así fue exactamente. Pero su despido ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo por responder a «motivación ideológica». Y ha provocado la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía contra Torrijos y Vázquez por un presunto delito contra la integridad moral, penado con hasta cuatro años de cárcel.
El exgerente de Sevilla Global, José Ramírez, y un trabajador que renunció a su contrato por orden de IU declararán hoy como testigos, ya que los testimonios de ayer se alargaron ayer dada la enjundia del asunto. Entretanto, el abogado de dos de los afectados, el exdelegado de IU Jon Ander Sánchez, que no quiso desvelar el contenido de las declaraciones, sí emitió una opinión contundente: «Me parece lamentable que dos dirigentes comunistas hayan tenido que venir a declarar en sede penal por despedir a trabajadores».

«Esto es la vida misma, ¿eh, Pepe?»

Pocos, malos y mal avenidos: Gaspar Llamazares rompe con IU y montará su propio partidito con el presunto poeta García Montero


El diputado de IU Gaspar Llamazares, el ’poeta’ Luis García Montero y la exalcaldesa de San Fernando de Henares (Madrid) Montserrat Muñoz presentarán este miércoles en Madrid el proyecto ‘Izquierda Abierta’, un nuevo partido fundado en el seno de IU que pretende configurar “una opción de izquierdas” que sea “lo más amplia posible” y que acoja no solo a militantes, sino también a integrantes de los movimientos sociales, como el 15M, Equo o a personas que, dentro de IU, disienten del nuevo rumbo de la formación tras el cambio en su dirección.
El proyecto impulsado por Llamazares en el seno de IU será presentado a las 19.00 horas de este miércoles en un acto en el salón de actos de la Fundación Abogados de Atocha al que también acudirá la periodista Teresa Araguren.
Se trata de un proyecto que busca una “militancia flexible y amable”, abierta a todo aquel que quiera acercarse a una iniciativa que tiene como eje de su voluntad “el favorecer el diálogo” y la formación de un “frente amplio” en el que se integren todos aquellos ciudadanos “que quieran oponerse a las políticas neoliberales impuestas para favorecer los intereses de la especulación financiera”.
Así lo ha dicho Luis García Montero, que aclara que será posible la doble militancia en IU y en Izquierda Abierta, al igual que ocurre con el Partido Comunista. Además, podrán formar parte de este nuevo partido, personas que no sean parte de IU o que militen en otras organizaciones políticas.
Según consta en su web, Izquierda Abierta “se constituye como partido político para favorecer esta voluntad de diálogo en la vida interna de Izquierda Unida, y para tender puentes con otras opciones críticas, impresindibles también en la realidad social española. Nuestra constitución como proceso abierto supone un compromiso intelectual y un estado de ánimo”.
La presentación también se podrá seguir en streamig a través de la página web de la formación -www.izquierdabierta.es- y de su cuenta de Twitter (@iabierta).

Torrijos, imputado por el caso Mercasevilla


El dirigente de IU y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha sido imputado en el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla.
La juez instructora del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ya había confirmado que estaba investigando a Torrijos, que había sido vicepresidente del Consejo de Administración de Mercasevilla. El caso Mercasevilla tiene por objeto la investigación de las presuntas irregularidades en la venta de terrenos de la entidad de gestión pública.
El auto de la juez Mercedes Alaya hace referencia a la denuncia presentada en su día por la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas de Sevilla, en la que solicitaba la imputación del teniente de alcalde, portavoz municipal de IU y vicepresidente de Mercasevilla durante el proceso de adjudicación de los terrenos de la referida empresa pública a la constructora Sanma, venta que la juez considera irregular. Según expone el auto, “del resultado de las pruebas practicadas hasta la fecha, se deduce la responsabilidad y activa participación de Don Antonio Rodrigo Torrijos, vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, en los asuntos de la referida Unidad Alimentaria y de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma”
Con esta medida, y en virtud del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se señala a Torrijos como imputado por los hechos, pudiendo por tanto personarse en la causa con abogado y procurador.
En el mismo auto, la juez solicita de la Gerencia Municipal de Urbanismo más documentación, concretamente la copia de los expedientes de urbanización de la parcela en cuestión y de la licencia de primera ocupación. Asimismo libra oficio a la Policía Judicial para que investigue qué departamento o servicio de la gerencia de Urbanismo se encarga de revisar la finalización de las obras de urbanización con carácter previo al otorgamiento de la licencia de primera ocupación.
Torrijos, el «impulsor» del caso
Hace unos meses, la jueza desestimó un recurso del también imputado por el caso Fernando Mellet, en el que éste aseguraba que no tenía responsabilidad sobre el caso, puesto que cumplía órdenes de Torrijos. En el recurso, el ex director del Merca lklegó a decir que el primer teniente de alcalde era el "patrocinador" e "impulsor" de la fórmula de concurso público frente a la subasta -fórmula que permitiría después la supuesta venta irregular de suelos-. Otro de los impuados por el caso, Daniel Ponce, llegó a pedir directamente a la jueza que imputara a Torrijos en el caso.
Los imputados
Cabe recordar que, dentro de este caso están imputados, además de Antonio Rodrigo Torrijos, otras 15 personas, entre ellas al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Area de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.
También están imputados la directora del Area Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero;la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, y la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo.

Los despedidos de Sevilla Global: «IU nos ha hecho conocer el miedo»


Subrayan que siguen sufriendo una persecución pese a ganar sus juicios, «porque no somos de ningún partido»


Hoy mismo la última de las once personas que IU despidió de la empresa municipal Sevilla Global por «motivaciones ideológicas» —así lo han determinado hasta cuatro juzgados distintos de lo Social— tiene cita en el juzgado número 6 porque, tras haber ganado en los tribunales, los responsables del Ayuntamiento siguen sin pagarle su salario ni darle de alta en su puesto. Porque aunque nueve despidos han sido declarados nulos y dos improcedentes y la Justicia ha obligado a Sevilla Global a readmitir a estos empleados en sus mismos puestos, IU no cumple las sentencias. Por eso estos trabajadores que se negaron a seguir las consignas políticas dictadas por Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez cuando ambos cesaron como gerente a José Ramírez en septiembre de 2009 han decidido hablar. Algunos de ellos cobran sin ir a trabajar porque la empresa ya ha cubierto sus puestos «con militantes de IU», aclara el abogado de los despedidos y ex delegado de Economía y Empleo en representación de este partido, Jon Ander Sánchez. Otros han estado cubriendo bajas en lugar de volver al lugar exacto del que fueron despedidos. Otros, nada de nada. «Llevamos casi dos años sin cobrar y se nos han agotado todas las prestaciones», denuncian.
Inmaculada Andrea, pedagoga, asegura que «entré en Sevilla Global por un sondeo del Servicio Andaluz de Empleo, por eso me da mucho coraje cuando Carlos Vázquez dice que somos enchufados. Yo quedé la primera en el proceso de selección de 2007 que me hicieron técnicos funcionarios del Ayuntamiento. Nadie me ha regalado nada. Estudié pagándome la carrera con un trabajo de camarera y por eso no me doblego, porque sólo cuento la verdad. El juez dice que yo tengo que volver a mi puesto. Es muy triste que haya que acudir a la Justicia para que respeten tus derechos, por eso no me doblego. Mi dignidad no la pisotean. Mi marido es mileurista, camarero en una residencia de ancianos, mi madre y mi suegra son viudas pensionistas. Tenemos un niño de tres años. Yo podría ir a cubrir las bajas porque además me encanta mi trabajo, pero eso no es lo que dice el juez y mi dignidad no se compra con un salario». Andrea añade que ni siquera ha tenido tratos con el nuevo gerente nombrado por Torrijos y Vázquez: «Lo he conocido en los juzgados». Y lo mismo le ha ocurrido a Carlos Malaver, maestro pastelero de la Zona Norte: «Yo estaba encantado con mi trabajo, porque muchos chavales a los que he enseñado se han colocado en pastelerías y otros han seguido estudiando la ESO. Además, los pasteles iban para El Vacie y para los drogodependientes de Palmete, pero a ellos eso les da igual. Yo soy militante del PSOE, pero digo la verdad. Ya tengo 63 años y no tendría por qué pelear, pero voy a seguir la lucha porque quiero ver a Torrijos hundirse. Nos echaron por defender nuestros derechos y desde entonces nos han intentado humillar».
María Vázquez asiente: «Yo hice un informe valorando su extraordinario trabajo e inmediatamente me echaron a mí. Y los demás compañeros que se han quedado no dijeron nada, igual que el comité de empresa». José Manuel Pérez, monitor de electricidad, recalca que su único delito fue «negarnos a revocar nuestros contratos porque teníamos derecho, como han dicho los jueces, pero ellos fueron después con mochilas rojas a los piquetes de la huelga general». Para Alicia Alvarado, coordinadora de los Talleres Prelaborales, «nos echaron simplemente porque consideraban que estábamos cerca de Jon Ander Sánchez», a lo que el resto le suma que «el problema es que no entramos por donde ellos querían». El responsable de prensa, Antonio Mejías, cree que todo esto atiende a una estrategia: «Torrijos usa mucho una frase que atribuye a Bertold Brecht —en realidad es de Niemoler—: “Primero se llevaron a los comunistas pero a mí no me importó porque yo no era. En seguida se llevaron a unos obreros pero a mí no me importó porque yo tampoco era...” Esa frase es la que ellos ponen en práctica: deciden ir primero a por estos tres porque nadie dice nada. Después a por otros tres. Y así hasta que sólo quedan los que ellos quieren». Pero Mejías está harto de esta politización: «Yo tengo en mis venas sangre de maquis y de nacionales. Yo soy la reconciliación. ¿Qué dedo de la mano me corto que no me duela? Por eso quiero que IU desaparezca del Ayuntamiento. ¿Tú eres comunista, Torrijos? Tu estás traicionando eso. ¿Qué clase de izquierda es la que se ensaña con un trabajador?».
Al final, todos coinciden: «Por primera vez en nuestras vidas hemos tenido miedo. IU nos ha hecho conocerlo».

Las mejores frases de Torrijos en la grabación de Sevilla Global


HEMEROTECA > 16/11/2009 > 


Antonio Rodrigo Torrijos muestra sus dos caras en la grabación de Sevilla Global. Primero trata de convencer al gerente de que no tome ninguna decisión hasta que se le cese en el consejo de administración con una retórica muy parecida a la que usa en público. Pero cuando las cosas se le tuercen, recurre a un lenguaje mucho más ordinario. Estos son algunos de sus mejores momentos.
Le comunica el cese a José Ramírez: «Pretendemos que se haga de la mejor manera posible, de la manera más digna posible y de tal forma que no demos tres cantos al pregonero».
Ante el primer contratiempo, surgen las «perras viejas»: «Hay una diferencia de fondo entre Carlos y yo, que es que tú y yo somos perras muy viejas».
Oposición y huevos: «Desde la legitimidad política tú, por no hablar de más gente, tienes una opinión contraria a la mayoría, que eso parece democrático, y la has expresado donde te ha salido de los huevos, dicho sea de paso».
Leninismo y aceite: «Nosotros no somos un grupo al uso que se ha extendido como una mancha de aceite por toda España. Nosotros, por una concepción leninista..., no te voy a contar la historia, Pepe».
Mearse en la gente apriorísticamente: «En el núcleo en el que se decide, con esa aceptación apriorística que no sé si seguirás compartiendo, se toma la decisión de sustituir al gerente. Como aquí nadie es un cafre, se mandata a José Manuel García que hable contigo con un dato, que una cosa es dar la batalla política y tomar decisiones, y otra cosa es mearse en la gente, cosa que yo no voy a permitir».
Otra vez tres «cantos» al pregonero: «Queremos hacerlo de la manera menos conflictiva posible, no darle tres cantos, o como coño se llame eso, al pregonero». «Cuartos, cuartos», le aclara Carlos Vázquez.
Habla de sí mismo en tercera persona: «Mientras tanto se toma la decisión fáctica, es decir, física jurídica en el consejo de administración, no tomes ninguna decisión, ni firmes ningún proyecto, ni tomes ninguna iniciativa que no sea contrastada con el responsable de coordinación del área socioeconómica, que soy yo».
Pepe es «uno de los nuestros»: «Apriorísticamente, qué duda hay sobre si el gerente está actuando bien o mal. Ninguna. Por tanto, no hay por qué estar aquí fiscalizando nada, tú eres un igual entre el resto, tú estás funcionando, se podrá compartir más o menos, pero desconfianza ninguna, tú eres parte de este proyecto, tú eres uno de los nuestros, y como eres uno de los nuestros, estás funcionando de puta madre».
Aviso a los empleados: «Los trabajadores tendrán que optar. Pero, vamos, eso es la vida misma, ¿eh, Pepe?»

El Supremo confirma que Torrijos echó a empleados públicos porque no eran de IU


Ratifica la condena a Sevilla Global por «despidos ideológicos» y califica su comportamiento y el de Carlos Vázquez como «ilegítimo» e «ilícito»


El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la anterior dirección de la empresa municipal Sevilla Global —en manos de IU— contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba nulo el despido de un trabajador alegando que éste se produjo por «motivación ideológica». Es decir, el más alto tribunal del Estado concluye que el demandante fue despedido, junto con «otros dos compañeros», siendo «sustituidos los tres trabajadores por afiliados» a IU, por lo que dicho despido fue «dictado por razones políticas», pues la empresa no ha «demostrado la existencia de una causa real y suficiente que permita calificar de razonable y ajena a todo propósito discriminatorio la decisión impugnada». A este respecto, el auto de la Sala de lo Social del Supremo, emitido el pasado 13 de octubre porla magistrada María Milagros Calvo Ibarlucea y que obra en poder de ABC, señala directamente a Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez —primer teniente de alcalde y delegado de Economía durante el anterior mandato, repectivamente— como responsables de estos hechos a raíz de la ya famosa grabación publicada por este periódico en la que ambos emitieron amenazas contra los trabajadores que decidieran obedecer al gerente, José Ramírez, hasta la fecha de su destitución.
Todo parte de una reunión que mantuvieron Torrijos y Vázquezel 3 de septiembre de 2009 con el citado gerente de la empresa pública para pedirle que dimitiera. Ante la negativa de éste, los dos miembros de IU le dijeron que entonces sería cesado en el consejo de administración el día 11 de ese mes y «advirtieron a los trabajadores que siguieran sus instrucciones que se atuvieran a las consecuencias», relata el auto del Tribunal Supremo. En la grabación también queda demostrado que «a dicha reunión se incorporó posteriormente el actor, que fue instado a desobedecer al señor Ramírez, negándose a ello». Finalmente, «el 22 de noviembre de 2009 el actor fue despedido».
Ante estos hechos, el demandante ganó su demanda a Sevilla Global en primera instancia —al igual que el resto de despedidos, hasta once— y en el TSJA. Todas las salas en las que se dirimió el asunto constataron que los despidos eran nulos o improcedentes porque habían respondido a una clara «motivación ideológica». Y el Supremo avala definitivamente esta decisión, por lo que «desestima el recurso de la empresa demandada y confirma dicha resolución razonando que el actor ha presentado indicios suficientes de la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que por negarse a cumplir un mandato laboralmente ilegítimo —al provenir de dos políticos de Izquierda Unida ajenos a la empresa demandada—, e ilícito —al consistir en desobedecer a su jefe— y dictado por razones políticas, el actor es despedido para ser sustituido (al igual que sus otros dos compañeros de trabajo) por afiliados a dicho partido». Es más, el Tribunal Supremo añade que no se puede cuestionar «la vulneración del derecho a la dignidad y al honor profesional apreciados» en este caso «dado que el despido es nulo por la discriminación ideológica apreciada». «Es la propia decisión de despido adoptada ilegítimamente por desoír el trabajador una consigna política dada por personas ajenas a la propia empresa y con trascendencia laboral, la que vulnera los derechos fundamentales señalados al afectar al prestigio profesional del trabajador tanto dentro como fuera de la empresa».
Por todo ello, el Supremo declara «la inadmisión del recurso» impuesto por el exgerente de Sevilla Global, David Pineda —que fue precisamente quien sustituyó a Ramírez por decisión de Torrijos y Vázquez—, e impone las costas a la empresa municipal.
Pero, aunque evidentemente esta decisión es firme y no caben más apelaciones, no parece que éste vaya a ser el final de la historia, ya que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ya ha imputado a ambos miembros de IU tras la denuncia presentada por la Fiscalía del TSJA contra ambos por un delito de coacciones y contra la integridad moral de los trabajadores a raíz precisamente del caso que ahora ha cerrado el Supremo. En marzo de este año, la fiscal del TSJA Ana Hermoso denunció a Torrijos y Vázquez a raíz de la grabación desvelada por ABC. La denuncia recayó en Instrucción 13 de Sevilla, cuya magistrada, María José Bernal, ya ha solicitado el expediente de las actuaciones de la sala que juzgó el caso por el que la Fiscalía del TSJA decidió ir contra los dos políticos de IU.
Y a esto hay que sumar incluso una condena por motivos similares el pasado mes de agosto. El Juzgado de lo Social 6 condenó a Torrijos por acoso laboral a la exdirectora de la Oficina de la Bicicleta, la alta funcionaria de la Gerencia de Urbanismo Pepa García Jaén. Esa sentencia instaba al portavoz municipal de IU a «cesar en su conducta de acoso» contra la trabajadora, a la que destituyó de su cargo por negarse a aceptar unas órdenes de Torrijos que «no eran viables» legalmente. García Jaén fue despedida en abril de 2010, pero fallo consideró demostrado que Rodrigo Torrijos participó en una «actuación vulneradora de los derechos fundamentales» de la funcionaria, a la que cesaron «por no querer acogerse a las órdenes y directrices» del responsable político.
Este es el resumen, por ahora, de la relación con los empleados que han tenido en el Ayuntamiento el otrora secretario provincial de CC.OO. y el polémico delegado que participó en el piquete violento contra el mesón El Serranito durante la huelga general. Su supuesta defensa de los trabajadores no cuela en los juzgados.

El programa comunista de IU multiplicaría por siete el déficit de Andalucía


Manuel Llamas es el autor de este trabajo más que intresante sobre el costo de las medidas de IU en la Andalucía de "lo inesperado" resultante de las pasadas elecciones. "IU tiene la llave de Andalucía y está dispuesto a emplearla para imponer parte de su programa político durante la presente legislatura. Una vez descartado el pacto con el PP, que obtuvo mayoría -aunque no absoluta- en las pasadas elecciones del 25 de septiembre, la formación comunista negocia en estos momentos un acuerdo político con el PSOE andaluz para que José Antonio Griñán siga presidiendo la Junta.


Así, aunque 32 asambleas de IU descartaron el jueves por unanimidad un pacto de gobierno o de legislatura con el PSOE, admitieron un posible apoyo a la investidura de Griñán (PSOE) a cambio, eso sí, de cinco condiciones:



La salida de los cargos de la Junta relacionados con los ERE irregulares.
La creación de un banco público.
Prohibir los desahucios por embargos inmobiliarios.
Cuatro meses de empleo público para todos los parados.
Y una renta básica para todas las familias andaluzas.



Tan sólo estas dos últimas medidas supondrían disparar el gasto público de la Junta hasta niveles, simplemente, insostenibles: la contratación pública de los más de 1,2 millones de parados andaluces durante cuatro meses implicaría, como mínimo, unos 2.500 millones de euros; mientras que una "renta básica" de 9.000 euros al año para las casi 3 millones de familias de la región, añadiría, como poco, otros 25.000 millones -equivalente a todo el presupuesto andaluz de un año-. Y esto para empezar, ya que el programa electoral de IU también recoge la necesidad de aumentar la inversión pública en 2.500 millones de euros al año para potenciar el crecimiento económico.



De este modo, la puesta en marcha de estas tres medidas aumentaría el gasto público en cerca de 30.000 millones de euros en un ejercicio que debería estar marcado, precisamente, por la austeridad. Esta cuantía supondría, sin medidas presupuestarias adicionales (otros recortes o nuevos ingresos), triplicar el actual nivel de deuda regional (14.314 millones en 2011) o multiplicar por siete el déficit andaluz (4.700 millones, el 3,2% de su PIB). Es decir, el objetivo de reducir el déficit autonómico al 1,5% del PIB en 2012, tal y como exige el Gobierno central para cumplir con Bruselas, sería tarea imposible.



Pero, independientemente del acuerdo concreto que alcancen ambas formaciones, se da por hecho que Griñán tendrá que transigir, de una u otra forma, con algunas de las medidas que propone esta formación. En este sentido, el líder de IU, Cayo Lara, ha dejado claro este viernes que exigirá a los socialistas un "giro social" en Andalucía, ya que no respaldará ninguna política a la que no se haya comprometido con su electorado.



¿Y a qué se ha comprometido IU en Andalucía? A continuación, se exponen algunas de las medidas económicas que contempla su programa, más allá de las cinco condiciones descritas anteriormente, bajo el eje vertebrador de una producción "más planificada":



1. Más empleo público:



Más empleos públicos en educación, sanidad, servicios sociales y justicia.
Mantener todo el empleo público actual dependiente de la Junta.
Eliminar las restricciones (como los límites a la tasa de reposición) en la oferta de empleo público.
Luchar contra la "temporalidad laboral" en la Administración.
Implantar la jornada laboral de 35 horas semanales "sin pérdida de retribución".
Que los empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido durante la crisis, es decir, subidas salariales.



2. Reformar el empleo privado:



Rechazar la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP.
Transformar todas las becas, incluidas las de la Administración, en contratos de trabajo con alta en la Seguridad Social.
Planes Sociales de Formación y Recolocación para que los trabajadores afectados por un ERE mantengan la relación laboral con la empresa. Es decir, que sigan cobrando un salario durante este período de transición, cuyo coste se financiaría de la siguiente forma: el 75% del salario a cargo de Consejería de Empleo y el 25% a cargo de la propia empresa, que también pagaría las cotizaciones sociales.
Un programa específico para que los ayuntamientos ocupen a desempleados en el cuidado de montes y reforestación.



3. Nuevo modelo productivo, la empresa "social":



Otorgar "poder" a los trabajadores para que "participen" en la gestión de las empresas y en la "distribución del excedente empresarial".
Que los trabajadores participen en los Consejos de Administración y en la "organización interna" de las empresas.
Que accedan "a la propiedad de las empresas que se quieren deslocalizar".
Imponer un "salario máximo" para los ejecutivos de las grandes empresas y la banca, y prohibir los contratos blindados.
Reforzar la cooperación empresarial y el diseño de "planes sectoriales estratégicos con intervención pública".
"Erradicar las diferencias salariales entre mujeres y hombres"; fomentar la "representación paritaria" en todos los órganos de representación.
Aumentar el período de permiso de paternidad y que éste sea obligatorio e intransferible.
Paralizar las privatizaciones en curso y rescatar de forma progresiva los servicios públicos hoy privatizados, incluida la gestión, especialmente en los campos educativo, sanitario y de servicios sociales.



4. Agricultura:



Crear un "Banco Público de Tierras", que pueda gestionar el acceso a superficie agraria que no esté en uso, lo cual abriría la puerta a expropiación -directa o indirecta- de solares.



5. Industria:



Medidas de ámbito legal/administrativo para evitar cierres y deslocalización de empresas.
Desarrollo y gestión pública de suelo industrial.
Uso de fondos públicos para la creación de tejido industrial.
Financiación pública de la investigación biosanitaria, "evitando la influencia determinante de la industria farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga".
Fomentar las empresas de "Economía Social", en donde gestionan y deciden los trabajadores, no el empresario. Y ello, favoreciendo a estas empresas en los contratos administrativos, fondos públicos y préstamos blandos.



6. Comercio:



Moratoria en la construcción de nuevas grandes superficies.
Mantenimiento de los actuales horarios comerciales para evitar la "competencia desleal que daña al pequeño y mediano comercio".



7. Artesanía:



Subvenciones para modernizar talleres y puestos de trabajo.
Medidas para "evitar las importaciones a bajo precio que hacen una competencia desleal a nuestro colectivo", es decir, proteccionismo comercial.
Financiación de cursos y/o talleres de artesanía en colegios e institutos .



8. Construcción:



Más obra pública; vivienda social; y subvenciones para la "rehabilitación ecológica" de inmuebles.



9. Energía



Prohibir la energía nuclear.
Garantizar la "autosuficiencia energética a partir de recursos endógenos y, especialmente, a partir de fuentes de energías renovables (solar, térmica y fotovoltaica, eólica, biomasa) en el horizonte del año 2020".



10. Más impuestos:



Aumentar el tramo autonómico del IRPF en dos puntos porcentuales para las rentas de más de 60.000 euros, y en cuatro puntos para las superiores a 120.000 euros.
Transformar el Impuesto de Patrimonio en un Impuesto sobre las Grandes Fortunas, con un incremento del tipo general en un 20%.
Eliminar la baja fiscalidad de las Sicav (sociedades de inversión de capital variable).
Cobrar un impuesto sobre tierras agrícolas infrautilizadas.
Nuevo tributo sobre campos de golf.
Nuevo "impuesto de incentivación y promoción del transporte ferroviario".
Endurecer las tasas sobre el juego.
Nuevo impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Nuevo impuesto sobre el suelo sin edificar en los plazos establecidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Nuevo impuesto sobre edificaciones ruinosas que no hayan sido objeto de sustitución o de rehabilitación en los plazos establecidos.
Gravar las viviendas vacías.
Nueva Ley de Fiscalidad Ecológica que establezca los impuestos, tasas y cánones que graven las "actividades con impacto medioambiental y favorezca el uso sostenible de los recursos naturales"